Por Mariela Caruso
Desde que el Gobierno de Cristina Fernández presentó la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dos de los diarios más leídos por los argentinos sentaron posiciones al respecto. En periodismo, la información se construye. No hay discursos objetivos ni independientes. Y esto no es necesariamente malo en sí mismo. Simplemente, sucede que algunos pretenden darle a esas opiniones subjetivas el privilegio de ser las únicas posibles y válidas.
Si se presta especial atención a los titulares, La Nación dijo: “Limitarían licencias en radio y televisión” (19/03/09), “El Gobierno podría intervenir en los contenidos de los medios” (22/03/09), “ El Gobierno quiere controlar a los medios” (25/03/09). Siguiendo la línea anterior, Clarín publicó lo siguiente: “El hostigamiento a medios de prensa“ (20/03/09), “El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica. Le da al Gobierno poder discrecional para condicionar a la prensa” (20/03/09), “Un proyecto que afecta la libertad de prensa” (23/03/09).
La sola lectura de estos titulares, podría dar la impresión de que se trata de un acto inconstitucional por parte del gobierno argentino. Pero lo cierto es que, lejos de contradecir a la Constitución Nacional, el anteproyecto es un “documento de trabajo” que está “destinado a ser enriquecido, corregido y mejorado por virtud de la libre participación ciudadana, con la finalidad de que su envío al Honorable Congreso de la Nación cuente con una amplia base de consenso”. Es decir que, no sólo será tratado por ambas cámaras, sino que también será sometido a debate público.
Las modificaciones que se proponen para reemplazar la Ley de Radiodifusión, buscan aumentar la pluralidad de voces. Para lo cual, “garantizará y protegerá el trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional”, “permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro”, “fomentará la producción de contenidos educativos e infantiles“, entre otras cosas.
Si bien esa información no fue omitida de la lista de modificaciones que relevan los medios anteriormente mencionados, la utilizan para remarcar que se perderá la libertad de expresión por la intervención del Estado: “incorporará a las empresas de servicios públicos en la televisión por cable“, “achicará la cantidad de licencias que puedan quedar en manos de una empresa“, “prevé una intervención del Estado en las transmisiones televisivas de los partidos de fútbol“, “determina que el titular de una licencia de TV abierta no puede ser dueño de TV paga en la misma plaza“, “disminuye el período de duración de una licencia de 15 a 10 años“, “convierte a la TV paga en "servicio de interés público" (ello conferiría al Estado el poder de intervenir en sus contenidos)” e “interviene en la programación obligando a los licenciatarios a emitir un 70% de producción nacional“.
Con todas esas medidas (que no son las únicas), Clarín destacó que “es difícil despegar esto de las aspiraciones siempre vivas del Gobierno por controlar lo que se publica y difunde por los medios independientes.“ (“El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica”, 20/03/09). Sin embargo, lo que no mencionan es que el anteproyecto plantea que “se promoverá la polifonía de informaciones y opiniones”.
Sí, el Estado interviene. Pero lo hace a favor de aquellos que, si fuera por el libre juego de la oferta y la demanda, jamás podrían hacerse oír. La libertad de expresión no es igualitaria para todos, sólo pueden hacerse escuchar quienes poseen el capital y el poder para entrar en el juego. Desde ese punto de vista, el Gobierno no limita la libertad de expresión (no propone la intervención de los medios ni la censura de contenidos), sino que interviene para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de expresar sus opiniones.
Sí, el proyecto puede tener imperfecciones. Pero lo que se presentó el pasado 18 de marzo se puede modificar; por lo tanto, todos los actores involucrados deberían participar de las rondas y proponer alternativas. Sería loable esperar que hagan uso de esa posibilidad para construir una comunicación con mayor libertad y pluralismo para todos.
Desde que el Gobierno de Cristina Fernández presentó la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dos de los diarios más leídos por los argentinos sentaron posiciones al respecto. En periodismo, la información se construye. No hay discursos objetivos ni independientes. Y esto no es necesariamente malo en sí mismo. Simplemente, sucede que algunos pretenden darle a esas opiniones subjetivas el privilegio de ser las únicas posibles y válidas.
Si se presta especial atención a los titulares, La Nación dijo: “Limitarían licencias en radio y televisión” (19/03/09), “El Gobierno podría intervenir en los contenidos de los medios” (22/03/09), “ El Gobierno quiere controlar a los medios” (25/03/09). Siguiendo la línea anterior, Clarín publicó lo siguiente: “El hostigamiento a medios de prensa“ (20/03/09), “El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica. Le da al Gobierno poder discrecional para condicionar a la prensa” (20/03/09), “Un proyecto que afecta la libertad de prensa” (23/03/09).
La sola lectura de estos titulares, podría dar la impresión de que se trata de un acto inconstitucional por parte del gobierno argentino. Pero lo cierto es que, lejos de contradecir a la Constitución Nacional, el anteproyecto es un “documento de trabajo” que está “destinado a ser enriquecido, corregido y mejorado por virtud de la libre participación ciudadana, con la finalidad de que su envío al Honorable Congreso de la Nación cuente con una amplia base de consenso”. Es decir que, no sólo será tratado por ambas cámaras, sino que también será sometido a debate público.
Las modificaciones que se proponen para reemplazar la Ley de Radiodifusión, buscan aumentar la pluralidad de voces. Para lo cual, “garantizará y protegerá el trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional”, “permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro”, “fomentará la producción de contenidos educativos e infantiles“, entre otras cosas.
Si bien esa información no fue omitida de la lista de modificaciones que relevan los medios anteriormente mencionados, la utilizan para remarcar que se perderá la libertad de expresión por la intervención del Estado: “incorporará a las empresas de servicios públicos en la televisión por cable“, “achicará la cantidad de licencias que puedan quedar en manos de una empresa“, “prevé una intervención del Estado en las transmisiones televisivas de los partidos de fútbol“, “determina que el titular de una licencia de TV abierta no puede ser dueño de TV paga en la misma plaza“, “disminuye el período de duración de una licencia de 15 a 10 años“, “convierte a la TV paga en "servicio de interés público" (ello conferiría al Estado el poder de intervenir en sus contenidos)” e “interviene en la programación obligando a los licenciatarios a emitir un 70% de producción nacional“.
Con todas esas medidas (que no son las únicas), Clarín destacó que “es difícil despegar esto de las aspiraciones siempre vivas del Gobierno por controlar lo que se publica y difunde por los medios independientes.“ (“El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica”, 20/03/09). Sin embargo, lo que no mencionan es que el anteproyecto plantea que “se promoverá la polifonía de informaciones y opiniones”.
Sí, el Estado interviene. Pero lo hace a favor de aquellos que, si fuera por el libre juego de la oferta y la demanda, jamás podrían hacerse oír. La libertad de expresión no es igualitaria para todos, sólo pueden hacerse escuchar quienes poseen el capital y el poder para entrar en el juego. Desde ese punto de vista, el Gobierno no limita la libertad de expresión (no propone la intervención de los medios ni la censura de contenidos), sino que interviene para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de expresar sus opiniones.
Sí, el proyecto puede tener imperfecciones. Pero lo que se presentó el pasado 18 de marzo se puede modificar; por lo tanto, todos los actores involucrados deberían participar de las rondas y proponer alternativas. Sería loable esperar que hagan uso de esa posibilidad para construir una comunicación con mayor libertad y pluralismo para todos.
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