domingo 5 de septiembre de 2010

Exclusión y problemas securitarios en la Argentina. Neoliberalismo, fragmentación social y medios de comunicación

Por Mariela Caruso

1- El objetivo de la dictadura militar: el disciplinamiento social

1.1 La disciplina como mecanismo de poder

En su libro “Vigilar y Castigar. El Nacimiento de la prisión”, Michael Foucault analiza el descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco del poder durante la edad clásica y, a partir de este hecho, la creación de una técnica cuyas metas principales son su sometimiento, utilización, transformación y perfeccionamiento: “A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad-utilidad es a lo que se puede llamar `disciplinas´.” (Foucault, 2009: 159).
Para el autor, entonces, la disciplina es un tipo de poder y también una modalidad para ejercerlo. Su función es fabricar cuerpos dóciles en pos de aumentar sus fuerzas en términos de utilidad económica y, a su vez, disminuirlas en relación a la obediencia política[1].
Si bien para Foucault las sociedades disciplinarias se situaron entre los siglos XVIII y XX y estuvieron vinculadas al modo particular de organizar los espacios de encierro que requirió el capitalismo post Revolución Industrial (como escuelas, hospitales, cárceles y fábricas), su teoría indica que estos métodos pueden ser puestos en marcha por regímenes políticos, aparatos o instituciones muy diversas. Por lo tanto, también puede ser aplicada a la historia argentina: la sociedad de los años 70, movilizada y politizada, necesitaba ser doblegada y fragmentada para imponerle los cambios económicos que se estaban gestando mundialmente, y que con ese nivel de movilización social eran imposibles de sostener.
Los militares argentinos a cargo del “Proceso de Reorganización Nacional”, pusieron en práctica esta modalidad de ejercicio del poder descripta por Foucault a partir de 1976, cerrando en la Argentina un ciclo de luchas populares, de resistencia y de incremento de la influencia de las teorías políticas de la izquierda en la sociedad.
El caos económico, la muerte como hecho cotidiano, la crisis de autoridad, las luchas facciosas de la Triple A y las guerrillas urbanas, fueron para el historiador Luis Alberto Romero las causas por las cuales muchos argentinos apoyaron un gobierno militar que prometió reestablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza.
Los militares se propusieron desde un principio, eliminar estos problemas de raíz. Para lo cual concentraron todo el poder de acción en sus manos, subordinando (y en otros casos, disolviendo) aquellos grupos parapoliciales activos en años anteriores; así como también recurrieron a un costoso y articulado aparato burocrático de espionaje y registro de sospechosos.
Debido a la impunidad con la que se ejecutaban las detenciones, ejecuciones y torturas avaladas por el gobierno, se fue gestando en la sociedad una idea de desprotección y temor, y un sentimiento de estar constantemente vigilados y en peligro. Y para Foucault, lo descripto está en la base del disciplinamiento de las sociedades: el individuo que es conciente de ser sometido a un campo de visibilidad, reproduce por su cuenta las coacciones del poder.
Una vez instalado el terror en la sociedad, la coacción, como indica el mencionado autor, se reprodujo sola. Y esto le bastó a los militares para pacificar a la población y poder llevar adelante las profundas transformaciones que eliminarían los conflictos en el país y que contribuirían a la atomización de la sociedad.

1.2 El por qué

Siguiendo a Romero, la represión inicial que descabezó la movilización popular, permitió superar la coyuntura. Pero las Fuerzas Armadas y el establishment que las acompañaban necesitaban ir más lejos. Tanto trabajadores como empresarios, solieron enfrentarse alternativamente generando desorden y caos; y en otras oportunidades, supieron unirse para utilizar las poderosas herramientas de un Estado intervencionista y benefactor en beneficio mutuo.
Y si el Estado intervencionista y benefactor fue el gran culpable del desorden social, el mercado entonces parecía el instrumento capaz de regular a todos los actores por igual. A raíz de este argumento, se buscó activamente su achicamiento y retroceso.
La estrategia utilizada fue el fortalecimiento del sector financiero, la apertura de la economía a las inversiones extranjeras y a las importaciones, y el endeudamiento. Y el resultado de las mismas, fue la concentración del poder económico en un grupo de empresarios, nacionales y trasnacionales, eliminando de esta manera la puja corporativa y las negociaciones.

1.3 El papel del individualismo: el “sálvese quien pueda”

En relación a lo expuesto, la psicoanalista Silvia Bleichmar realizó el siguiente análisis respecto al objetivo de la última dictadura: “Intentó destruir lo político y la noción de bien común. Produjo una justificación del egoísmo sobre la base de salvarse, que es lo que produce siempre el Terrorismo de Estado. Una ruptura de la noción de semejante porque nadie sabe quién es el “otro” y en qué medida se lo puede poner en riesgo.” (Testero, 2009: 138).
Mediante esta descripción, hace referencia a la descomposición de un modo solidario de concebir la relación con el prójimo: en un país en el que parte de la sociedad sostuvo durante muchos años la idea de igualdad de oportunidades y de solidaridad, los militares introdujeron la noción de que el otro es un potencial peligro. Es decir que se produjo un incremento del individualismo extremo y una profunda deconstrucción de los lazos solidarios, por lo cual se puede afirmar que la disciplina aplicada en la argentina fabricó individuos aislados, fáciles dominar y controlar.

2- La gestión de la seguridad y los medios de comunicación

2.1 Individualización y cambio en las relaciones políticas, económicas y sociales

Por todo lo analizado se puede decir que el golpe de 1976 fue necesario para que, políticas neoliberales y re-regulación del Estado[2] mediante, se llevaran a cabo las modificaciones que durante la década del 90 afectaron las relaciones económicas, políticas y sociales del país.
Estos cambios se pueden analizar en términos de dos procesos que culminaron en la individualización y descolectivización[3] de la sociedad: por un lado “el debilitamiento del Estado entendido como un Estado nacional social, es decir, un Estado capaz de garantizar un conjunto coherente de protecciones en el marco geográfico y simbólico de la nación porque conserva los principales parámetros económicos“ (Castel: 2003, 55); y, por el otro, “la erosión del segundo dique de contención, complementario, que de alguna manera había conseguido domesticar el mercado, a saber, la atención de la defensa de los intereses de los asalariados a través de grandes formas de organizaciones colectivas“ (Castel: 2003, 56). La función política de esta degradación fue la desocialización: los excluidos se fueron constituyendo en colecciones de individuos que en la actualidad no tienen nada en común más que compartir la misma carencia.
Tanto la exclusión como la carencia pueden ser analizadas en relación a los cambios en el mercado laboral. Para Zygmunt Bauman, el trabajo dejó de ser el eje sobre el que gira el resto de la vida y sobre el cual los individuos pueden trazar objetivos vitales: se acabaron la mayoría de los puntos de referencia constantes y solidamente establecidos que sugerían un entorno social más duradero y seguro. El nuevo entorno está en perpetuo cambio y no posibilita la unión de aquellos que sufren las desigualdades sociales; por el contrario, los separa y aísla.
Y al haber cada vez menos estímulos para contener la desintegración de los lazos humanos, se perpetua la decadencia de la comunidad. Porque en un mundo marcado por el cambio a corto plazo, la confianza, lealtad y el compromiso mutuo terminan por corroerse. Para generar vínculos sólidos se necesita una asociación larga, difícil de generar en una sociedad como la actual en la que vale el desapego y cooperación superficial[4].
Entonces, si el precariado[5] permanece en estado de simple aglomeración integrada por individuos y categorías heterogéneas entre sí, y es definido negativamente por la privación social, las carencias materiales y el déficit simbólico: "¿cómo forjarse la sensación de una situación compartida y plantearse objetivos comunes de acción cuando la urgencia y necesidad económicas se combinan según configuraciones fenoménicamente diferentes?" (Wacquant: 2007, 283).
A partir de lo analizado, se puede decir que es el propio sistema el que engendra relaciones sociales violentas. Y esto se debe a que la propia lógica del capitalismo actual fue la que modificó las relaciones laborales y la función del trabajo en la vida de las personas: si antes era un aglomerador y un articulador, ahora se convirtió en un hecho fortuito para amplios sectores de la sociedad, situación que los condena a la vida marginal.
Y en este proceso, la sociedad se volvió a fragmentar: ya no se trata sólo de una división entre capital y trabajo, sino que ahora también se trata de trabajadores y desocupados, incluidos y excluidos del sistema.

2.2 Exclusión e inseguridad

El convencimiento por parte de amplios sectores de la población de que han sido dejados de lado, es para Robert Castel uno de los motivos por los que se puede hablar de un alza de la inseguridad en la actualidad. Porque para estos sectores, significa no poder dominar el presente ni anticipar el porvenir: “la inseguridad social hace de esa existencia un combate por la supervivencia librado en el día a día y cuyo resultado es siempre y renovadamente incierto.” (Castel: 2004, 40).
Y esto encuentra su origen en la configuración del actual capitalismo, devenido en un sistema de superproducción donde el hombre ya no está encerrado (como en las sociedades disciplinarias de Foucault), sino endeudado. Situación que no incluye a toda la sociedad, porque el sistema también mantiene a una parte de la población en la más extrema miseria: demasiado pobre para la deuda, demasiado numerosa para el encierro[6].
Y en este aumento de la cantidad población excluida, cuyo futuro es incierto y sus necesidades básicas se encuentran insatisfechas, Castel encuentra el origen del proceso por el cual a estos grupos situados en los márgenes, se les adjudican todas la amenazas que entraña en sí misma una sociedad.
Pero para este autor, la sensación de inseguridad no es proporcional a los peligros reales que amenazan a una población, sino que es el efecto de un desfase entre una expectativa socialmente construida de protecciones y las capacidades efectivas de una sociedad dada para ponerlas en funcionamiento.
Para que la seguridad sea total, se requiere que el Estado sea absoluto. Es por eso que el actual reclamo social por mayor seguridad puede ser vinculado con la paradoja de las sociedades modernas: demandan protección infinita, sólo alcanzable en un Estado absoluto (como sucedió durante la última dictadura militar), pero al mismo tiempo exigen respeto a la libertad y la autonomía de los individuos, sólo alcanzable en un Estado de derecho[7].

2.3 Inseguridad y medios de comunicación: el análisis de un caso

Esta paradoja se refleja en las noticias publicadas en los medios masivos de comunicación, que se constituyeron, tanto para la clase política como para la ciudadanía en su conjunto, en la vara con la cual medir la sensación de inseguridad. Y esto se debe a que, a través lo que para el sociólogo Esteban Rodríguez se llama “criminalización mediática“, traducen las situaciones interpeladas como problemáticas al imaginario social.
Si bien existen numerosos casos que demuestran cómo la prensa encara diariamente los problemas de la violencia y el crimen, se seleccionó uno a modo de ejemplo: en abril de 2009, un hombre fue asesinado en frente de sus hijos por un menor de catorce años, quien le disparó a quemarropa al resistirse a un asalto en la puerta de su casa.
Durante los días en los cuales ese hecho fue considerado noticia, los diarios Clarín y La Nación relataron los pormenores del asesinato, aportaron datos sobre la vida de Daniel Capristo (la víctima en cuestión), describieron cómo era para con sus allegados e hicieron crónicas de las marchas en las que se pidió, entre otras cosas, mayor seguridad, que se baje la ley de imputabilidad de menores y que se aplique la pena de muerte para el asesino.
De esta manera, estos diarios construyeron uno de los imaginarios vinculados con este caso particular: la víctima y su entorno perdieron mucho por culpa de una muerte que podría haberse evitado.
Por el contrario, el victimario no merece vivir porque, entre otras cosas: “Los policías de Parque Patricios y Barracas lo conocían como uno de los jóvenes "pesados" de la villa Zavaleta. Ya lo habían detenido por dos robos a mano armada. Según vecinos de su barrio, al adolescente (…) le gustaba mostrar el revólver que llevaba encima. “[8] Es decir, porque era menor, villero y reincidente.
Dice Rodríguez que allí donde el Estado no puede hacer pie, se pueden encontrar a los miembros del gobierno ejecutivo apelando a esta “criminalización mediática” para fundamentar el encrudecimiento de sus políticas de seguridad ciudadana: “(…) el jefe de Gabinete Sergio Massa sostuvo que "hoy los adolescentes son un problema" y afirmó que "sin crimininalizar a los adolescentes, pero sí planteando que hay adolescentes que tienen conductas criminales" hay que definir un régimen de responsabilidad penal juvenil.”[9]
Es decir que la “criminalización mediática”, le permite al Estado declarar una situación de inseguridad permanente para poder ofrecer seguridad en forma de política dura y, así, darle respuesta a los reclamos de la sociedad. En el caso analizado, estos pedidos fueron publicados como si se trataran de manifestaciones de la sociedad en su conjunto, pero en realidad, partieron del dolor de personas individuales: "la muerte sería un regalo divino para el chico que mató a Daniel. A ese asesino habría que mutilarlo despacito y cortarlo, para que sufra"[10], “El que mata tiene que pagar“[11], “el padre de la víctima pidió la pena de muerte para el asesino“[12].

3- A modo de conclusión


El Proceso de Reorganización Nacional, significó un quiebre en la historia Argentina por muchos motivos. Para el objetivo de este trabajo, basta decir que inauguró a partir de 1976 un sentimiento en la sociedad de completa inseguridad frente a un Estado que debería haber velado por su protección. Y continuó durante los gobiernos de Raúl Alfonsín a través de las hiperinflaciones, de Carlos Menem con las políticas de re-regulación del Estado y llegó hasta la actualidad con el reclamo de mano dura y mayor seguridad.
Es decir que, si bien la inseguridad se sintió de diferentes maneras en los diferentes gobiernos desde 1976 en adelante, siempre tuvo un único responsable: el Estado. Y si en la actualidad se la relaciona básicamente con la delincuencia, se debe a varias causas que le dieron origen: los cambios en las relaciones de producción, la destrucción de los lazos sociales, el incremento del individualismo y la exclusión generada por el propio sistema capitalista.
La combinación de todo esto posibilita encontrar con mayor facilidad reclamos de mano dura. Y, en este contexto, los medios se erigen como voceros de “la gente” publicando noticias sobre aquellos que sufrieron hechos delictivos y que, en la mayor parte de los casos, no buscan justicia sino venganza. Por eso, con la misma intención, los excluidos del sistema son mostrados como delincuentes y únicos generadores de la inseguridad actual.
Pero lo que los medios no reflejan y la sociedad no discute, es que es la propia condición del excluido la que genera violencia.
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BIBLIOGRAFÍA

-BAUMAN ZYGMUNT (2005) Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
-CASTEL ROBERT (2003) La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires. Editorial Manantial.
- CAVAROZZI MARCELO (1997) “Autoritarismo y democracia (1955-1983)”, en Di Tella Torcuato y Lucchini Cristina (compiladores) La sociedad y el Estado en el desarrollo de la Argentina moderna. Buenos Aires. Editorial Biblos.
- COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS (1996) Nunca Más. Buenos Aires. EUDEBA.
- DELEUZE GILLES (1997) “Postdata a las sociedades de control”, en Conversaciones. Valencia. Editorial Pretextos.
- FOUCAULT MICHAEL (2009) Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- GIRARD RENE (1983) La violencia y lo sagrado. Barcelona. Anagrama.
- GORINI ULISES (1999) A contrapelo. Conversaciones con Osvaldo Bayer. Buenos Aires. Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
-MASTRINI GUILLERMO, DE CHARRAS DIEGO, BECERRA MARTIN, BARNCHUK MARIANA, ROSSI DIEGO (2009) “Introducción”, en Mastrini Guillermo (compilador) Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2007). Buenos Aires. La Crujía.
- RODRIGUEZ ESTEBAN (2000) Justicia Mediática. La administración de justicia en los medios masivos de comunicación. Las formas del espectáculo. Buenos Aires. Editorial Ad-Hoc.
- ROMERO LUIS ALBERTO (1994) Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
-SENNET RICHARD (2000) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona. Editorial Anagrama.
-STEFANONI PABLO (2009) “Hay que reconstruir el pacto interhumano destruido por el neoliberalismo“, en Jorge Testero (editor) Silvia Bleichmar: Superar la inmediatez. Un momento de pensar nuestro tiempo. Buenos Aires. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
-WACQUANT LOÏC (2007) Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Diario Clarín, sección policiales, ediciones desde el 16 al 21 de abril de 2009.
- Diario La Nación, sección Policiales, ediciones desde el 16 al 21 de abril de 2009.

NOTAS

[1] “Digamos que la disciplina es el procedimiento técnico unitario por el cual la fuerza del cuerpo es reducida con el menor gasto como fuerza “política” y maximizada como fuerza útil. El crecimiento de una economía capitalista ha exigido la modalidad específica del poder disciplinario, cuyas fórmulas generales, los procedimientos de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos, la “anatomía política” en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de regímenes políticos, de aparatos o de instituciones muy diversas.” (Foucault, 2009: 255).
[2] Mastrini, De Charras, Becerra, Baranchuk y Rossi: “A partir del triunfo electoral de gobiernos neoliberales se afianzó una política global de destrucción del Estado populista y de aquellos beneficios propios del Estado de Bienestar que se habían alcanzado. En este sentido no es casual que su doctrina se esconda tras la argucia discursiva de la “desregulación” un proceso que denominamos “re-regulación“. Se trata de una revisión de la regulación vigente con el fin de alcanzar una liberalización controlada del sistema, con actores privados reteniendo el control sobre las cuestiones clave del proceso.” (Mastrini: 2009, 19).
[3] Castel Robert (2003) La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires. Editorial Manantial.
[4] Sennett Richard (2000) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona. Editorial Anagrama.
[5] Según Loïc Wacquant, son aquellas franjas precarias dentro del proletariado.
[6] Deleuze Gilles (1997) “Postdata a las sociedades de control”, en Conversaciones. Valencia. Editorial Pretextos.
[7] Castel Robert, op. cit.
[8] “El menor acusado fue detenido dos veces este año por robo con armas”, Clarín, 17 de abril de 2009.
[9] “El Gobierno apura el debate de un nuevo régimen penal para menores“, La Nación, 17 de abril de 2009.
[10] “Claman justicia por un crimen en Lanús”, La Nación, 17 de abril de 2009.
[11] “Reclamo para que se baje la edad de imputabilidad”, Clarín, 18 de abril de 2009.
[12] “Bronca y debate: Una multitud marchó por el asesinato del chofer”, Clarín, 17 de abril de 2009.


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